Futbolistas 4 – Clubes 0 (segundo tiempo)

De José Ignacio Corcuera

Una sentencia de la Sala 1ª del Tribunal de Trabajo que en marzo de 1985 ratificase otra previa de la Magistratura Nº 13, fechada a finales de setiembre del 84, hizo rodar sin puntilla la tiranía del derecho de retención ejercido desde 1926 por los clubes de fútbol, sobre sus jugadores. “Al no ajustarse a Derecho y constituir una anomalía histórica en la relación laboral entre futbolistas y clubes” su aplicación se convertía en ilegal con carácter inmediato. Habían pasado casi siete años desde la primera huelga que puso contra las cuerdas a clubes y Federación, y nueve meses desde la última, reventada ilegalmente por la patronal, convirtiendo a ilusionados juveniles en esquiroles forzosos. Ya nadie podría retener contra su voluntad a ningún jugador, vencido su contrato, mediante exiguos incrementos de ficha que en términos reales incluso representaban pérdidas de valor adquisitivo, ante la galopante inflación de los años 70 y 80. Por fin los hombres del cuero podían cambiar de aires sin impedimentos, como directivos de compañías mercantiles, oficinistas, asalariados con o sin titulación, menestrales, funcionarios o intelectuales. Y entonces, aunque el sentir general hizo pensar en crujidos catastróficos de la estructura futbolística, lo cierto es que apenas si se registró algún temblorcillo.

Desde hacía unos meses, los clubes, temiéndose lo peor, habían urdido una nueva artimaña, disfrazando su viejo derecho de pernada como un novísimo “derecho de formación y promoción”. En la práctica lo mismo de siempre, con aires de modernidad. “Es preciso tener en cuenta la inversión que los clubes hacen en sus futbolistas -se dijo-. Sin son canteranos, muchos años de adiestramiento, cuidados médicos, atención no sólo deportiva, sino humana. Para que un chico destaque se ha invertido en cientos, pagando a entrenadores, médicos, consejeros y psicólogos. Esos chicos no pueden dejar en la estacada a quien los convirtió en lo que son, sin un resarcimiento. Y lo mismo cuando para incorporar a alguien se han satisfecho sustanciales cifras en concepto de traspaso. De acuerdo en que una vez cumplan los contratos puedan irse, si esa fuere su voluntad, pero antes deben dejar algún dinero en caja”. Desde la AFE, obviamente, se tomaron la maniobra como pura provocación. ¿Acaso las compañías mercantiles no formaban a sus trabajadores? Desde cuándo una industria siderúrgica, naval, de ingeniería o arquitectura, cobraba cánones, máxime si quien se iba ya cumplió contrato. “Esa inversión está más que amortizada durante el tiempo en que ambas partes fijaron la prestación de servicios -sintetizó un portavoz del sindicato-. Sobre ese principio se asienta la libertad de empresa y el derecho de los trabajadores. Los clubes únicamente pretenden continuar abrazados al libertinaje”.

Obviamente en la AFE anunciaron su propósito de denunciar ante los tribunales tan abusiva pretensión, así como exigir indemnizaciones para los futbolistas que eventualmente pudieran verse sometidos al nuevo trágala. Varios juristas, entre tanto, dieron por descontada otra sentencia contraria a la patronal, si la cuestión se judicializaba, como así ocurrió finalmente.

Inspirados por lo que a todas luces se antojaba ánimo revanchista, los clubes comenzaron a cifrar cánones de formación astronómicos para cuantos iban a concluir contrato. Al “merengue” Fraile, en tratos con el Zaragoza, la entidad blanca cifró su traslado junto al Ebro en nada menos que 40 millones de ptas., pese a no contar para los técnicos del Santiago Bernabéu y hallarse virtualmente en libertad. “¡Ni que fuese astronauta! -chanceó un columnista-. La NASA no invierte tanto en sus viajeros a la Luna”. Otro puñado de futbolistas cuyos contratos también iban a caducar, quedaron inermes, presos en la duda entre renovar, o arriesgarse a escuchar ofertas sin saber en qué iba a parar el nuevo conflicto. Pocos, entonces, advirtieron lo que resultaba obvio: tan desproporcionados como hipotéticos “derechos”, contribuirían inevitablemente a disparar el costo de los traspasos, hasta ahogar más todavía a las de por sí medio arruinadas entidades balompédicas. Los árboles del primer plano impedían contemplar a muchos dirigentes deportivos la frondosidad de su propio bosque. Así iban los balances.

El presidente de la Liga Profesional, Vega-Arango, llegó más lejos que la mayoría, quién sabe si por aquello de predicar con el ejemplo. Cuando tuvo que ofrecer renovaciones en el Sporting de Gijón, club que presidía, empleo una táctica propia de tahúr. Colocó sobre su mesa, boca abajo, tres montoncitos de papeles. El primero con ofertas de renovación, diligenciadas unilateralmente por la secretaría técnica gijonesa. El segundo con los contratos expirados. Y el tercero con cartas de agradecimiento por los servicios prestados. Luego fue llamando, uno a uno, a los jugadores cuyos contratos estaban a punto de expirar, explicándoles que debían elegir entre los tres montoncitos. O arriesgarse a aceptar una nueva oferta a ciegas, superior o inferior al contrato vencido, o decantarse por ampliar el todavía vigente, o recibir la baja pechando con lo que pudiera depararles el porvenir. “Prácticamente todos se avinieron a prolongar sus contratos, sin subidas ni negociación -proclamó luego el mandatario asturiano, muy satisfecho-. A la hora de la verdad, las cosas no son como se pintan desde AFE”.

Vega-Arango contaba la realidad a medias. Porque al menos uno de sus futbolistas, el defensa central levantino Maceda, le plantó cara. “Le tenía a usted por hombre serio -hubo de escuchar quien durante su época estudiantil también luciese efímeramente la camiseta gijonesa-. Si vuelve a llamarme con una oferta concreta, la escucharé. Si no fuera el caso, ni se moleste en hacerme volver”. Maceda era muy consciente del interés que en Madrid había por él. Disponía de una oferta en firme para integrarse en la plantilla madridista, jugosísima si llegaba con la carta de libertad. Curioso que el mismo club desde donde tasaran desproporcionadamente la formación de Fraile, contase con recibir gratis al zaguero de la selección española. Si la unidad de los sindicados alguna vez estuvo en entredicho, invocar semejante concepto entre los miembros de la patronal deportiva constituía una broma.

Maceda acabó fichando por el Real Madrid, en tanto el Zaragoza satisfizo no los 40 millones de ptas. solicitados, aunque sí 15 por la incorporación del corpulento Alfonso Fraile. Otros futbolistas cuyo contrato había expirado, con el propósito de evitar ulteriores sorpresas desagradables se avinieron a prologar sus viejos vínculos, aun a costa de perder dinero en cada renovación. Si en la patronal dieron por salvado in extremis un nuevo gol, se equivocaban de medio a medio, puesto que el árbitro -entiéndase la magistratura de Trabajo Nº 6 de Madrid- les pitó penalti el 28 de enero de 1986, declarando inaplicables las indemnizaciones por derechos de formación y promoción cuando se ficharan futbolistas en libertad contractual.

La AFE había presentado demanda el 9 de octubre a raíz de que el Consejo de Ministros aprobase, con fecha del 26 de junio, un nuevo decreto de relacionas laborales, estableciendo que cualquier derecho de formación y promoción debía pactarse en convenio colectivo mediante acuerdo entre ambas partes. El magistrado no quiso dejar ningún resquicio para la duda al redactar su sentencia: “Las cláusulas del pacto entre clubes aprobado en la Asamblea de la Liga Profesional son perfectamente válidas en aquello que atañe exclusivamente a los intereses de los firmantes, pro no así respecto a las cláusulas que afectan a terceros, como son los jugadores profesionales, por cuanto éstos ni intervinieron en su redacción ni aprobaron su contenido”. Y añadía además, en otro párrafo, que los acuerdos de la LFP carecían de la fuerza de un convenio, siendo sólo “instrumentos de regulación sobre cuestiones que no afectan a terceros, no firmantes”. E incluso, en el punto más trascendental que “los acuerdos aprobados por los representantes de los clubes son inaplicables por cuanto se refiere a indemnizaciones en concepto de formación y promoción, tanto en sus cuantías como por lo que a supuestos de devengo respecta, sin perjuicio de que la materia se regule entre las partes por medio de convenio colectivo”.

Como dicha sentencia era recurrible ante el Tribunal Central de Trabajo, la LFP anunció de inmediato la interposición de recurso, aunque pocos confiaran en una enmienda considerable. El propio Antonio Baró, sucesor de Vega-Arango al frente de los clubes, ya hizo gala de pesimismo a ese respecto: “La promoción del fútbol español tiembla por la base. Si vamos a entrar en un mercado de libre competencia, me gustaría saber quién va a promocionar ahora este deporte”. Jesús Samper, asesor jurídico de la naciente LFP y luego secretario general de la misma, añadió que el problema radicaba en el eterno caballo de batalla: “Normas laborales en contraposición con las deportivas. Las indemnizaciones se establecieron al igual que en otros países, pero aquí seguimos de espaldas a Europa”. Olvidaba interesadamente que desde la Unión Europea se enviaban recaditos sistemáticos, tanto a distintas Federaciones nacionales como a la UEFA, conminatorios sobre la aceptación del articulado transnacional en materias como la libre circulación de futbolistas en la UE, sin cupos ni vetos, o la obligatoria aplicación a todos los profesionales de ordenanzas genéricas por cuanto a lo laboral. Desde el lado opuesto, José Luis López, gerente de la AFE, celebraba con gran entusiasmo un gol que ya suponía el 3-0: “Esta sentencia demuestra, simplemente, que los futbolistas tenían razón una vez más. Y no sólo reequilibra la negociación de un convenio colectivo, sino que a los jugadores perjudicados por esa medida les asiste todo el derecho a exigir indemnizaciones. Igualmente, los socios de muchos clubes podrían inquirir a sus directivas sobre las razones que indujeron a despilfarrar el dinero que se les encomendó administrar. Porque esos millones salieron del bolsillo de los socios, no lo olvidemos”.

Sólo en 1ª División habían sido 12 los futbolistas inmersos en el abono de tales “derechos”, al cambiar de aires durante la primera veintena de julio en 1985:

REAL MADRID.- Maceda (Sporting) y Rafael Gordillo (Betis), 160 millones.

AT. MADRID .- Quique Setién (Racing de Santander), 48 millones.

R. ZARAGOZA.- Pineda y Fraile (ambos del Real Madrid), 40 millones.

VALENCIA.- Muñoz Pérez (Málaga), 20 millones.

HÉRCULES.- Botella y Mestre (C. D. Castellón, ambos), otros 20 millones.

R. C. CELTA.- Maraver (Recreativo de Huelva), 12 millones.

REAL BETIS.- Cervantes (R. Murcia), 10 millones.

R. C. D. ESPAÑOL.- García Pitarch (Valencia), 10 millones.

AT. OSASUNA.- Sola (Athletic Club), 4 millones.

Por supuesto, mientras se resolviera la interposición del recurso presentado ante el Tribunal Central de Trabajo, no cabía seguir aplicando ningún canon. De manera que, por una vez, el reloj corría contra la patronal. Los futbolistas podían dedicarse a perder tiempo, con el partido tan encarrilado a favor.

Aquella sentencia cayó como una bomba en las entidades que más cuidaban sus canteras. El periodista Javier Lizundia hizo arrancar de este modo su crónica fechada en Bilbao: “El Athletic ha iniciado 1986 como si le hubiera mirado un tuerto: secuestro de su directivo Juan Pedro Guzmán, explosión -sin calibrar todavía las consecuencias- del caso Clemente-Sarabia, y desde el lunes la sentencia declarando improcedente el derecho de Formación y Promoción”. Absorta como estaba la entidad bilbaína en problemas muy serios, su afición parecía concentrarse en la solución al cisma entre Javier Clemente, entrenador con dos títulos de Liga y uno de Copa a cuestas, y la estrella rojiblanca, Manuel Sarabia. Finalmente aquella lucha de egos sin vuelta atrás habría de resolverse con destitución del técnico y muchísimo daño para la entidad, al dividirse en dos bandos muy enfrentados su masa social. O sea que las posibles consecuencias del dictamen jurídico vinieron a ser lo que la letra pequeña en un folleto farmacéutico. Tan sólo el gerente bilbaíno Fernando Ochoa enhebró palabras de esperanza, sustentadas sobre lo que en realidad no dejaba de ser sino improbable sueño: “Debe haber fórmulas intermedias de conciliación, que eviten echar por tierra una labor de cantera cada vez más imprescindible. Es difícil pensar en un final tajante para los derechos formativos, aunque haya concluido el antiguo derecho de retención. Urge hallar modos flexibles, que no perjudiquen ni a los futbolistas ni a los clubes de cantera”. Al entonces responsable de Lezama y las secciones inferiores rojiblancas, Iñaki Sáez, le costaba ver la botella medio llena: “Esta noticia es un mazazo para cuantos trabajamos la cantera. Si nadie se preocupa de formar jugadores, tendremos futbolistas con un grado de capacitación ínfimo. Las ciudades cada vez cuentan con menos espacios libres y otros deportes van para arriba, porque es más fácil practicarlos en patios de colegio reducidos. Todo ello sin contar con la reducción del tiempo de ocio. Sin escuelas de fútbol veo mal el futuro para este deporte. Esta sentencia contempla las cosas desde otro prisma, pero caben matizaciones mediante un convenio colectivo”.

En Lezama tutelaba entonces el Athletic Club a 200 jugadores federados, distribuidos en 6 equipos. Y a esa cifra era preciso añadir los insertos en otras tres “minilezamas”, o escuelas básicas enclavadas en distintos territorios, sufragadas por el club rojiblanco.

El presidente del Sporting y hasta hacía poco cabeza visible de la Liga de Fútbol Profesional, Vega-Arango, también se aferraba a la posibilidad de un acuerdo in extremis: “Se debe alcanzar, forzosamente, una solución en el convenio colectivo. De acuerdo en la injusticia de tener atado a un futbolista de por vida, pero esta es otra cuestión muy diferente. Tanto que sin un arreglo no sería posible el futuro de Mareo. Algo así únicamente puede venir de quien nada sabe sobre este deporte, porque suprimir los derechos formativos representaría un daño irreparable”.

Muy curioso. El convenio colectivo tantas veces invocado desde el sindicato y negado hasta la extenuación por los clubes, con el beneplácito de la cúpula federativa, ahora se antojaba remedio de extrema urgencia. Las entidades deportivas pasaban por alto, no obstante, que ya no iban a negociar nada desde posturas draconianas o maximalistas, sino bien al contrario, partiendo con clara desventaja y la convicción de perder mucha piel, si no una buena porción de cola, en cada gatera. Claro que no iban a empezar bien las cosas, cuando el propio Vega-Arango negaba la mayor sobre el fichaje de su central Maceda por el Real Madrid, donde a tenor de sus palabras, nadie satisfizo ningún canon: “El Madrid pagó antes del 30 de junio, fecha en que nuestro central hubiera sido libre a todos los efectos. Cuando se produjo el acuerdo entre Real Madrid y Sporting el futbolista nos pertenecía, y se abonó un traspaso. No sé qué dirán en Chamartín, pero esa es la realidad”.

Nada más falso. A toro pasado, las cosas podían disfrazarse conforme más conviniera, pero el Real Madrid, tanto en el caso de Maceda como al contratar a Gordillo, ambos con sus respectivos contratos ya expirados, pagó para eludir problemas mayúsculos, en el supuesto de que los magistrados sentenciasen contra el sindicato AFE. Y además el todavía presidente gijonés, en un gesto por demás censurable, dejó a deber a su pupilo la nada desdeñable cifra de 10.581.395 ptas., a tenor de lo que el propio futbolista denunciara. Cuando la prensa asturiana interrogó al mandatario sobre ese particular, hizo gala de una inusual displicencia: “Que se ponga a la cola para cobrar -dijo-. En su momento no quiso llegar a un acuerdo con el club y reclamó el abono a través de la vía judicial. Maceda ya no puede bajar al Sporting de categoría porque es futbolista del Real Madrid, y las normas del Comité Ejecutivo de la Liga Profesional dejan claro que los débitos con jugadores han de cancelarse antes del 28 de julio. Pero de los futbolistas que pertenezcan a la plantilla de la entidad denunciada y, repito, Maceda actualmente pertenece al Real Madrid. Así pues, cobrará cuando lo determine el juez, en la forma y modo que éste decida”.

Sólo un apunte, ese “acuerdo con el club” consistía siempre en pactar quitas, en avenirse a dar por perdidas entre el 25 y el 50 % de las cuantías pendientes de pago. Al espigado y rubio central parecían sobrarle razones para salir del Molinón con amargo sabor de boca.

Un club más modesto y también de cantera, como el pamplonés Osasuna, hizo gala de febril actividad por esas fechas. Su emblemático presidente, Fermín Ezcurra, elaboró un proyecto de tres folios y medio donde, partiendo de la disquisición entre jugadores de cantera y los fichados de otros clubes, pretendía abordar alternativas al caduco derecho de retención y al formativo, por el momento no menos irrealizable. Como mínimo resultaba una iniciativa pintoresca, puesto que planteaba aplicar al fútbol la contratación en prácticas, modalidad que en España funcionaba para estamentos laborales no deportivos. Ese acuerdo de aprendizaje dependería en su duración, tanto de la edad del futbolista como de la cifra económica invertida en su formación. “Algo hay que hacer -adujo el gerente rojillo Javier Zabaleta-. Porque no parece lógico legislar favoreciendo a los clubes más fuertes”.

Ese era el sentir generalizado: que la sentencia judicial engrandecería aún más a las entidades poderosas, las que fichaban a sus estrellas tirando de talonario. Merced a ella, ahora les bastaría esperar la expiración de contratos para pescar gratuitamente en los más fértiles caladeros. El caso es que si bien la propuesta pamplonesa fue presentada a los clubes aprovechando una asamblea de la Liga Profesional, de ella no surgió absolutamente nada. ¿Cómo iba a hacerlo, si ni siquiera existía acuerdo acerca de qué entidades pudieran salir más beneficiadas? El mismísimo presidente del Real Madrid, Ramón Mendoza, también se consideraba perjudicado, a tenor de estas declaraciones: “La libertad absoluta para los jugadores no es buena para nadie. Sería un golpe mortal para las canteras. A los (clubes) modestos los deja al descubierto, pero no sólo a ellos, también al Madrid, esto lo tenemos muy claro (…) Respeto el criterio del magistrado, lo aceptamos porque las sentencias hay que acatarlas, pero estoy seguro de que la única salida pasa por fórmulas de compromiso que nos permitan regular el problema”.

Ramón Mendoza formaba parte de la comisión encargada de discutir éste y otros temas con la AFE, en representación de la LFP. Y debía hacerlo con su propio gallinero muy revuelto. Desde luego no era el mejor cojín para sentarse a negociar. Y tampoco ayudaban personajes con su reloj parado desde hacía años, como el otrora árbitro internacional Pedro Escartín, periodista de largo vuelo tras colgar el silbato y para entonces columnista con una legión de seguidores. Quien viese nacer una fórmula injusta, a raíz de los Juegos Olímpicos de Amberes (1920), reforzada seis años después con la profesionalización de los futbolistas, y a la que desde 1939 se añadieron toneladas de cemento, despotricó a gusto contra el sindicato del balón: “Tengo el más vivo deseo de que la AFE presente alguna vez una propuesta encaminada a la mejora del fútbol, porque en todas sus proposiciones no hay otro interés que el del dinero. Nada más. Los jugadores no se dan cuenta de que podría repetirse en versión futbolística la fábula sobre la gallina de los huevos de oro”. Naturalmente, el propio Escartín tampoco estaba de acuerdo con la sentencia del magistrado, como permite colegir este párrafo: “Medir los problemas laborales del fútbol como los que pueden surgir en el ramo de la madera o el metal, es tan absurdo como destructivo. ¡Cuidado, jugadores! Por esto se va…”

En 1986, el fútbol profesional, invadido por las esponsorizaciones y un marketing todavía incipiente, abonándose cifras millonarias desde firmas de equipación como “Le Coq Sportif”, “Adidas” o “Puma”, e incluso por colocar determinados balones en competiciones señeras, era ya una industria multinacional, antes que manifestación puramente deportiva. Muchos clubes fueron capaces de advertirlo en seguida y a sus futbolistas, obviamente, les faltó tiempo para aprender la lección.

Pero quien más lejos quiso llevar el pulso fue Manuel Vega-Arango, desde Gijón, amenazando nada menos que con cerrar Mareo, la ejemplar escuela futbolística del Sporting: “El gobierno se ha equivocado con el fútbol. No hace las cosas como debiera y lo está degollando. Han sacado la lotería primitiva para acabar con las quinielas. ¿No se dan cuenta de los puestos de trabajo que genera el fútbol? ¿O es que quieren ver aumentar el paro? Si no se aplicara el Derecho de Formación y Promoción, cerraremos Mareo”. Aunque tamaño desplante sonase a sacrilegio, esgrimía razones dignas de consideración. “Mareo se creó para autoabastecernos, y si sacamos un futbolista que dos temporadas después nos lo llevan por las buenas, o mejor dicho por las malas, ¿de qué nos sirve invertir anualmente 60 ó 70 millones de ptas.? Si la raíz se corta, no habrá fruto que comerse”.

Vega-Arango era un presidente con la maleta a mano y billete de salida. Como cabeza de la Liga Profesional tan sólo cosechó revolcones, en parte porque tampoco desde los propios clubes se le regalara demasiado apoyo. Acababa de presentarse a las elecciones como candidato del Partido Popular en Asturias, sin obtener escaño. Su mandato en el Sporting caducaba y a él mismo le sobraban motivos de hartazgo. Pero además no hubiera podido clausurar Mareo por las buenas, toda vez que a esas alturas ya constituía patrimonio virtual de la ciudadanía gijonesa, e incluso de la asturiana. Hacía diana cuando tirando de estadísticas justificaba que de 80 chavales prometedores, sólo uno alcanzaba la máxima categoría. Y que esos 60 ó 70 millones de inversión anual constituían un soberano esfuerzo para cualquier entidad con potencial medio. En cambio lo de la lotería primitiva se empeñaba en verlo con enorme subjetividad. Habían sido los clubes, con sus constantes demandas de mayor participación, quienes amenazaban ahogar la quiniela. Luego los futbolistas también exigieron tajada. Si había para las entidades, ¿cómo no iban a ponerse a la cola quienes alimentaban desde el césped la fórmula del 1-X-2? Desde que el Patronato de Apuestas Mutuas Deportivo Benéficas perdiese su “B” de beneficencia, carecía de razón deambular en paralelo al Organismo Nacional de Loterías. Las quinielas ya no eran sino propiedad estatal, y entre huelgas y reivindicaciones participativas sus recaudaciones empezaron a resentirse. De ahí, y también de la hemorragia que constituía el imparable déficit nacional, surgió una dura competencia bajo el nombre de lotería primitiva. Los clubes eran en buena medida responsables de su propia frustración, puesto que cuando se les solicitara desde el Patronato concentrar partidos en una franja horaria, ante la evidencia de que entonces se disparaban las recaudaciones quinielísticas, siguieron haciendo de su capa un sayo.

Mareo nació a imitación de lo que el Athletic Club crease cuando todavía era Atlético, en Lezama, término situado en el valle del Txorierri, a escasos kilómetros de la capital vizcaína. E igualmente fue el club vasco quien posibilitó indirectamente aquella iniciativa, fichando al extremo zarauztarra Churruca. Todos los millones satisfechos por el buen estilete se transformaron en vestuarios, instalaciones, campos de fútbol, gimnasio y una residencia donde acoger a jovencitos foráneos. Desde entonces los frutos de Mareo fueron incontables: Ablanedo, Zurdi, Mino, Marcelino, Eloy Olaya, Tino, Jaime, o después de los hechos narrados Abelardo, Luis Enrique, Villa… Con mareo, además, se daban muy curiosas connotaciones. Cuando Vega-Arango amenazase cerrar el portón y tirar la llave, era director de ese centro el ya desaparecido José Manuel Fernández, excapitán del Sporting y uno de los fundadores de la AFE. Alguien muy consciente de que si el sindicato nació para defender a los futbolistas, atacando al fútbol base tan sólo se podría sembrar carcoma en el futuro de la organización gremial. Y las palabras que dictase a un nutrido grupo de periodistas en 1986, mirando no sólo hacia atrás, sino anticipándose al futuro, siguen teniendo absoluta vigencia: “Cuando creamos la AFE existía una gran inquietud. Había que terminar con el derecho de retención, tal y como estaba tipificado, porque constituía un abuso. También había que defender los compromisos económicos firmados, y fueron consiguiéndose importantes logros para la profesión. Primero aumentando el tanto por ciento del derecho a retención, luego con otro porcentaje sobre los traspasos, convertirnos en trabajadores por cuenta ajena, con acceso a la Seguridad Social, y finalmente extinguir ese anacronismo que permitía a los clubes maniatar a sus futbolistas. El diálogo fue y es imprescindible entre AFE y la Liga de Clubes, porque el componente más importante de cualquier club lo constituyen sus futbolistas. Justo quienes más conocen la importancia de las canteras y escuelas deportivas, puesto que se forjaron en ellas”.

Tenía razón. Los futbolistas no iban a arrojar piedras sobre su propio tejado, y no lo hicieron, de hecho. Aunque esta vez iban a negociar con ventaja, exigiendo para el futuro convenio colectivo el tantas veces reclamado Fondo de Garantía Salarial, un castigo eficaz a cuantos clubes dejasen débitos entre sus plantillas, voz y voto en la configuración del calendario y vacaciones, así como representación real en la F.E.F. Sólo tras abordar estas cuestiones estarían dispuestos al consenso en un tema tan peliagudo como los derechos formativos. Todo ello, naturalmente, si el recurso presentado por la Liga de Fútbol Profesional siguiera dando la razón al sindicato, como en efecto ocurrió.

El 11 de junio de 1986, mientras las secretarías técnicas se afanaban conformando plantillas para el campeonato venidero, desde la secretaría de la LFP fue expedida la circular Nº 22, dando cuenta a todos los clubes profesionales que ante la inexistencia de un Convenio Colectivo regulador de prórrogas contractuales, todo jugador podría contratarse libremente por la entidad que requiriese sus servicios, siempre que hubiera finalizado su anterior vínculo, “y sin que por el club de procedencia exista posibilidad de retención o derecho a percibir indemnizaciones”. Golazo definitivo en la aplastante victoria de AFE. Un 4-0 que todavía pudo verse traducido en derrota más amplia de la patronal deportiva, puesto que los ejercicios de birlibirloque ni mucho concluyeron en este punto.

Negándose a dar su brazo a torcer, los presidentes de 1ª División aún articularon un “pacto de caballeros”, comprometiéndose a no contratar a ningún jugador declarado en libertad, tras negarse a prolongar el vínculo ya periclitado. Vamos, un intento de obtener rendiciones incondicionales por hambre, como si del asedio a fortificaciones renacentistas o del medioevo se tratara. No tuvieron en cuenta que los secretos compartidos rara vez lo son por mucho tiempo, y éste distó de constituir excepción. Algunos informadores tiraron del hilo entonces, entre airados desmentidos. “No hay tal pacto y no sé de dónde puede salir semejante ocurrencia. Quienes afirmen lo contrario tendrán que demostrarlo”.

Pero como ese verano fue largo y movidito, todo iría saliendo a la luz pública.

Para empezar, a primeros de julio comenzó a fraguarse un sorpresón. La Real Sociedad barruntaba que tras cumplir contrato, su delantero Pello Uralde pudiera haberse comprometido con el At. Madrid. El delantero, además, habría pactado verbalmente prolongar su estancia en San Sebastián, antes de que desde la villa y corte llegasen noticias sobre su posible compromiso como “colchonero” para las tres próximas temporadas. Juan Yurrita, portavoz de los blanquiazules, explicó ante plumillas y micrófonos lo que a su entender resultaba intolerable: “Hace unas semanas, antes de que el presidente partiese hacia México, club y futbolista alcanzamos un acuerdo de renovación por tres nuevas campañas, conforme se dio conocimiento. Uralde se fue de vacaciones, Alkiza está en el Mundial, y lo increíble ocurrió este domingo, cuando el jugador comunicó por teléfono al presidente la oferta recibida, y ya aceptada, desde el At Madrid. En resumen, que no iba a cumplir su acuerdo”. Durante esa misma comparecencia, Yurrita anticipó la intención donostiarra de dirigirse a la Liga de Fútbol Profesional, en solicitud de amparo.

Claro que las cosas no terminaban ahí. Además de Pedro Uralde Hernández (Vitoria, 2-III-1958), autor de 79 goles ligueros con la camiseta “txuri urdin” e internacional en 2 ocasiones, parecía iba a plantarse en el estadio del Manzanares acompañado del portero Agustín Elduayen, quien a punto de cumplir 22 años y tras suplir al seriamente lesionado Arconada, aún no había aceptado el acuerdo de renovación propuesto en San Sebastián.

Pronto habría de saberse que eran más los futbolistas en tránsito. Julio Salinas, del Athletic Club, también fichaba por los “colchoneros”. Y Rubén Bilbao, antiguo canterano bilbaíno, recién finalizado su compromiso con el Racing de Santander. Al Murcia también se iban en idénticas condiciones el gaditano Mejías II y Tendillo, un central de relumbrón. Dos presidentes acababan de incumplir el pretendido “pacto de caballeros”.

Uralde, al menos, acreditó una inusual franqueza al admitir: “Es cierto que hablamos sobre mi renovación, y que la oferta del presidente Alkiza hizo que nuestras posturas quedasen muy parejas. Pero luego la Real Sociedad se durmió en los laureles, no hubo firma ni llamadas para fijar una fecha, y entonces me llegó la propuesta del Atlético. Estoy tranquilo, porque mi actual club me ha dicho que no me preocupe en absoluto. Lamento, eso sí, la mala imagen que pueda quedar en mi tierra por este lío. También me han aconsejado ponerme al margen de cualquier polémica”.

Lo de no preocuparse, era mucho decir, puesto que la Real Sociedad le reclamaba 81 millones de ptas. a través de la Magistratura de Trabajo easonense, en concepto de daños y perjuicios. Sustentaba en su demanda el carácter legal de la palabra otorgada, en tanto desde la asesoría jurídica madrileña se hacía referencia al Real Decreto 1006 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (26-VI-1985), según el cual los contratos verbales no se contemplaban como forma de relación laboral entre clubes y deportistas. En concreto su artículo 3º, referente a la forma y contenido contractual, tipificaba: “1).- El contrato se formalizará por escrito, en triplicado ejemplar. Un ejemplar será para cada una de las partes contratantes, y el tercero se registrará en el Instituto Nacional de Empleo (INEM)”. Por ende, el argumento donostiarra de haber acordado verbalmente la prolongación del vínculo con su todavía jugador, a mediados de mayo, contravendría el Artículo 6º del Real Decreto referido a la duración de vínculos. En tal sentido recogía: “Podrán producirse prórrogas por una duración determinada, mediante sucesivos acuerdos al vencimiento del término originalmente pactado”. Resumiendo, a mediados de mayo Uralde seguía perteneciendo a la disciplina blanquiazul, y cualquier hipotético compromiso en esas condiciones no debería ser tenido en cuenta.

El 5 de agosto tuvo lugar en San Sebastián un acto de conciliación entre las partes implicadas, previo a la vista judicial. Horas desperdiciadas, puesto que ni Uralde ni nadie en su nombre llegó a personarse. La Real Sociedad, al menos, presentó como prueba oficiosa una grabación de voz donde el futbolista manifestaba su complacencia por seguir en San Sebastián, e igualmente lo publicado en la edición de “El Diario Vasco” correspondiente al 25 de mayo: “Estoy contento con la firma. En cuanto a los años, tres, no había problemas, era por lo otro. Creo que ambas partes hemos quedado satisfechas”. Antes, de cualquier modo, durante el mes de julio, el berrinche de José Luis Cagigas, presidente del Racing santanderino, y su Junta directiva, desde cuyo seno acababa de volar Rubén Bilbao, hizo caer a los cántabros en un error de parvulario. Este era el texto de la carta que dirigiesen a Vicente Calderón, presidente del Atlético, sobre el “affaire”:

“Estimado amigo: Quiero llegar hasta ti para manifestarte mi honda preocupación ante los avatares que en los últimos días estamos pasando en el Racing respecto a la continuidad en el club de dos de nuestros jugadores, y la presunta injerencia de alguno de tus directivos o profesionales a tu servicio.

No creo sea necesario recordar los pactos que en la Liga Profesional, de la cual fuiste presidente, tenemos refrendados con nuestra palabra los diferentes presidentes de clubes. Por ello entiendo que cuanto te expongo en el primer párrafo, se debe a una acción personal de alguno de tus directivos, ajena a la voluntad como Entidad del club de tu presidencia. Debes tener en cuenta que para la existencia de jugadores de élite en clubes con tan dilatada historia como el Atlético, deben existir clubes que como el Racing, parten de su cantera como base para proyectar jugadores de alcance nacional.

Te ruego, pues, entiendas el malestar existente en la Junta de mi presidencia, y espero podamos en días próximos arreglar personalmente este desagradable asunto, por bien del fútbol y de nuestros respectivos clubes.

Recibe un abrazo de tu amigo

José L. Cagigas Castanedo

Presidente”

Por fin se reconocía sin ambages el tan negado “pacto de caballeros”, un acuerdo más propio de cárteles mafiosos que de entidades como los clubes de fútbol, cuyas directivas surgían del sufragio social. Todo un atentado contra el derecho al trabajo, como de inmediato se hizo ver desde la AFE, cuya asesoría jurídica trabajaba ya en la interposición de una demanda contra Cagigas.

Mientras Rubén Bilbao pasaba sus vacaciones en Ondárroa y la Real Sociedad buscaba complicidades en Pedro Aurteneche, presidente del Athletic Club, Manuel Irigoyen, máximo mandatario gaditano, hacía poco por ocultar su enojo: “El Cádiz ha invertido en 8 años 160 millones de ptas. promocionando su cantera para que ahora, por arte de birlibirloque, nos quiten a uno de sus productos más cotizados. Me pregunto por qué sigo trabajando”. Desde Bilbao, el publicista Aurteneche, a quien tocaba despedirse de Julio Salinas, todavía hizo gala de mucha más acritud: “La Liga perdió credibilidad. No es cuestión de cambiar a Baró (presidente de la LFP), pero lo que no va a hacer el Athletic es facilitar vendedores de filosofía. Moralmente no sé si estos acuerdos son o no válidos, simplemente pienso que los directores espirituales ya están en desuso, como bien se ha demostrado”.

Su colega en la Real Sociedad, Iñaki Alkiza, estuvo entre quienes más levantó la voz durante la convocatoria de presidentes en el Hotel Meliá de Madrid; un combate de 16 contra 2, donde Atlético y Murcia recibieron múltiples andanadas. Concluida la cita, el presidente guipuzcoano ni mucho menos se escondió ante los informadores: “Si el Atlético de Madrid lleva adelante sus propósitos y no tomamos medidas drásticas, se cargan de cuajo la cantera. Lo de Uralde ha sido una maniobra de listillos, porque el Atlético ha obrado con premeditación y alevosía, interponiéndose con artimañas en los intereses de otro club. Si no se actúa con diligencia y firmeza, podemos perder la fuerza”.

Por el momento, esa fuerza parecía estar en manos de la Justicia, desde donde a petición de la AFE se cursaron requerimientos notariales a los presidentes Ramón Mendoza (Real Madrid), Alkiza y Cagigas, para manifestarse acerca del “pacto de caballeros”. Éstos, de cualquier modo, no eran los únicos señalados. Si al presidente del Murcia también lo olía la cabeza a pólvora, tras tanto epíteto dirigido desde Valencia con respecto al fichaje de Tendillo, más abracadabrante se antojaba lo acaecido en Logroño, donde el presidente del hoy disuelto C. D. Logroñés, Joaquín Negueruela, miembro del Comité Ejecutivo de la LFP, acababa de contratar al irlandés Campbell sin abono al Racing de lo pactado bajo palabra de “caballero”. Menos mal que la Liga de Fútbol Profesional no era un circo. De otro modo crecerían los enanos hasta convertirse en pívots de baloncesto.

Este monumental lío concluyó como solía ocurrir con las cosas del balón. Nadie quiso reconocer los pactos en sede judicial: “Hombre, pactos, lo que se dice pactos… Hablamos de arbitrar fórmulas nuevas como posible solución a lo que luego vino, pero sin concretar nada. Pudo darse un sentir general sobre lo complicado que resultaba acomodarse al nuevo orden, aunque desde luego no votamos y por eso nada consta en acta”. Uralde ratificó ante el juez sus declaraciones a “El Diario Vasco”, así como la aproximación verbal alcanzada con su entonces presidente, Iñaki Alkiza, respecto a renovar contrato, poniendo énfasis en la fecha de ese diálogo. Y añadió que “luego pasaron 50 días sin noticias sobre lo que allí se dijo. Mi contrato con la Real Sociedad había caducado, nadie me llamaba para firmar, y cuando desde el Atlético me hicieron llegar su oferta la acepté y firmamos dos días después, el 5 de julio. A todos los efectos estaba desvinculado del que durante años fuese mi club”. Ya en “petit” comité, se mostró contento: “Me impresionó un poco, porque todo era como en las películas. Mucho jaleo por los pasillos, fotógrafos, la sala repleta… Después, durante el juicio, ni siquiera me sentí presionado por el representante jurídico del club, como imaginaba. Por cierto, aunque en mayo hablamos de 11 millones por temporada, Alkiza presentó ante el magistrado una copia del contrato que yo debería firmar, figurando tan sólo 8 millones. En tales condiciones nunca lo hubiese rubricado”. Por si alguien lo dudara, sintetizó también desde la prensa: “No he traicionado a la Real Sociedad. Simplemente, el jugador ha dejado de ser mercancía”.

El 23 de noviembre, la Magistratura de Trabajo de San Sebastián desestimaba la demanda contra Uralde, o si prefiere atendía las razones esgrimidas tanto desde el At. Madrid como por boca del futbolista. En su sentencia, se consideraba inexistente cualquier posible vínculo entre la Real Sociedad y quien fuera su asalariado, toda vez que la Liga Profesional exigía para validar compromisos entre clubes y jugadores contratos escritos. Añadiendo que, sin vigencia el derecho de retención, ese llamado “pacto de caballeros” “no ha de considerarse fórmula sustitutiva de tal derecho”. Si bien la Real Sociedad podría apelar, previo recurso de casación ante el Tribunal Supremo, fuentes de la entidad lo consideraron poco probable. Lo hablado en aquella Junta donde todos enhebrasen buenos propósitos, no eran sino palabras fútiles arrastradas por el viento.

La Liga Profesional mordía el polvo una vez más, quedando muy en entredicho, tras sustanciarse que la caballerosidad no era moneda acuñada para el fútbol, o mejor para sus dirigentes. Pedro Aurteneche, deglutiendo bilis todavía, volvió a repetir una lapidaria frase ya pronunciada anteriormente: “La Liga Profesional ha muerto para nosotros”.

Nadie pareció advertir que las secuelas de lo sentenciado por la Magistratura de Trabajo donostiarra podría colear mucho. Pero así ocurrió. Al rebufo de ella, los asesores de Rafael Gordillo creyeron ver un resquicio por donde exigir una jugosa indemnización al Real Betis, con toda la apariencia de irreprochable legitimidad. Pongamos las cosas en contexto, recordando que llegó al Real Madrid en tiempos de Ramón Mendoza, previa inyección en la tesorería verdiblanca de 100 millones de ptas. Sin hacer muy prolijo el conflicto, así fueron sucediéndose aquellos hechos.

El excelente extremo y lateral zurdo concluía contrato el 30 de junio de 1985. Mendoza lo ansiaba para su Real Madrid, sin destripar el pacto de caballeros. Así que llamó al presidente bético Martínez Retamero, ofreciéndole 100 millones como derechos de formación. Al mandatario verdiblanco no le tembló el pulso. Daba por descontada la pérdida de su estrella, luego de que el propio futbolista le hubiera expuesto la irrechazable oferta remitida desde Madrid: 175 millones de ptas. netos, por 5 años de contrato. “El triple de lo que nosotros, con mucho esfuerzo, podíamos abonarle -reconoció el propio mandatario andaluz-. Nuestras manos estaban completamente atadas”. Cuando los 100 millones de indemnización volaron desde Madrid a Sevilla, surgieron problemas con los representantes y mediadores de Gordillo. Si el Real Madrid pagaba por su fichaje, aun hallándose en libertad, él quería cobrar su 25 %, cifra acordada desde hacía poco entre los clubes y el sindicato AFE. “No cobras, porque no hay traspaso -se enrocó Martínez Retamero-. El Madrid nos paga porque Ramón Mendoza es un caballero, no porque nosotros queramos venderte”. Y desde el otro lado de la mesa, lógicamente, respondieron con otro órdago: “Pues si hay dinero de por medio, corresponde a traspaso, indemnización o pacto de caballeros. Y en ese caso Gordillo cobra su legítimo porcentaje”. Las cosas fueron enconándose, y el futbolista, harto, también exigió a través de sus representantes la facturación estimada del partido homenaje pactado con esa misma directiva. El propio Martínez Retamero nunca negó la dureza de aquel tira y afloja: “En ninguna de las dos cosas llegamos a un acuerdo. Es más, El día de San Pedro, en Madrid, durante una cena en “Casa Lucio” a la que asistieron entre otros Mendoza y Núñez (presidente del Barcelona), yo le dije al mandatario madridista que no quería saber nada del tema hasta no haberse solucionado lo del porcentaje y el partido en cuestión”. Así las cosas y cerrado en banda, Retamero partió hacia Badajoz el 2 de julio, donde según sus propias palabras “recibí una llamada diciéndome que el abogado de Gordillo, Rafael Marín, afirma que todo está resuelto”.

Ocurría ya en julio. Cuando Gordillo había quedado en completa libertad, y de las arcas “merengues” no tenía por qué haber salido un céntimo.

Transcurridos los meses y con Gordillo regalando lecciones magistrales a la afición del club blanco, luego de que Uralde testificara ante los jueces de lo laboral y éstos sentenciasen contra la “omertá” representada por el presunto “pacto de caballeros”, los representantes del futbolista extremeño volvieron a la carga en su solicitud de 25 millones, más el equivalente al partido homenaje. Puesto que Gordillo nunca quiso pronunciarse en público respecto a lo acontecido durante su firma como “merengue”, sigamos ciñéndonos a la versión de Martínez Retamero:

“El día 3, por la mañana, nos reunimos en la sala de juntas del Madrid, García de la Borbolla, Salas Tirado y yo, en representación del Betis; Pedro Zapata, Antonio Calderón y Juan Antonio Samper, por el Real Madrid, y Gordillo. Ramón Mendoza no entró; esperaba acontecimientos en su despacho. En un momento dado, Gordillo, en presencia de todos, asegura que renuncia a su porcentaje y me dice: Presi, deme un millón de ptas. para un campo de futbito con destino a un equipo que yo llevo en el Polígono de San Pablo. Yo le digo que no hay problema e inmediatamente me pide que interceda ante Ramón Mendoza en el asunto de su homenaje. Paso al despacho del presidente madridista y le convenzo. Ese partido se iba a celebrar el 21 de agosto, pero resulta que el primer encuentro de Liga nos tocó jugarlo en el Villamarín contra el Real Madrid, de modo que el homenaje se suspende. En aquella reunión, las tres partes alcanzamos un acuerdo. Al menos así pensamos Betis y Real Madrid”.

Ese partido homenaje aparcado sine die, se habría valorado en 20 millones de ptas. Transcurrido el tiempo, desde el Betis tan sólo salieron 18 y los representantes legales de Gordillo obtuvieron orden de embargo sobre el mobiliario de la secretaría. El propio Retamero confirmaba en mayo de 1987 que los dos millones restantes estaban pendientes de sentencia judicial, mientras clamaba contra su antiguo futbolista: “La misma noche del embargo volvió a salir Gordillo desde una emisora de radio, insistiendo en su negativa a renunciar al porcentaje. No tiene razón, ni jurídica ni moralmente, para exigir los 25 millones de ptas. Si pago ahora, me plegaría a su chantaje. Sería una inmoralidad”.

El 16 de julio de 1987, transcurridos dos años desde su incorporación al Real Madrid, Benito Recuero Saldaña, titular de la Magistratura de Trabajo Nº 8 sevillana, dictaba sentencia exonerando al club verdiblanco. Fundamentaba su decisión en el hecho de que al abonarse la cifra pactada entre Real Madrid y Betis por derechos formativos, Rafael Gordillo ya no pertenecía al club andaluz, y consecuentemente tampoco cabía hablar de traspaso, o invocar el acuerdo suscrito entre la representación de los clubes y el sindicato AFE. La resolución judicial también consideraba probado que el importe librado desde Madrid al Betis no fue de 168 millones, como el demandante cifraba y recogió la prensa, sino 131.043.363 ptas. Ambas entidades se habían cubierto admirablemente, al extenderse dos contratos; uno vinculando al futbolista con su nuevo club desde el 3 de julio, “hallándose desligado de la disciplina bética”, y otro entre Betis y Real Madrid, en concepto indemnizatorio, estipulando este último que “el Real Betis ya nada puede ni debe reclamar al Real Madrid en concepto de indemnización por formación y promoción  sobre el jugador, ni por ningún otro”.

La suerte de los involuntariamente implicados en el lío de los alegales derechos formativos resultó variopinta. El Murcia traspasaría al Real Madrid a su defensa Tendillo, por una enormidad para la época, tras hacerse con sus servicios sin coste. Pello Uralde fue objeto de permuta con el zaguero central del Athletic Club Andoni Goikoetxea. Como la ficha del atacante con los “colchoneros” superaba ampliamente lo que el equipo bilbaíno podía abonarle, complementaron la operación con cierto abono líquido a los titulares de San Mamés. La directiva vasca filtró a la prensa local que su reciente adquisición percibiría una ficha similar a las de Estanislao Argonte y Manu Sarabia, sus estrellas mejor pagadas. Claro intento de evitar problemas en el vestuario y distraer a su propia afición, aun a costa de desfigurar la verdad. Porque Sarabia y Argote percibían 12 millones anuales y a Uralde se le respetaron los 20 por campaña suscritos al ingresar en el campo del Manzanares. Quique Setién tuvo de todo un poco en el mismo estadio, sobre todo al desembarcar Jesús Gil y Gil. Muñoz Pérez nunca llegó tan lejos como se esperaba. Botella y Mestre no terminaron de explotar. El guipuzcoano Cervantes cumplió la difícil misión de sustituir a otro paisano mítico bajo el larguero del Benito Villamarín, como fue y sigue siendo Esnaola. Luego continuó manteniendo un gran nivel en la Unión Deportiva Salamanca, a lo largo de cuatro años. Para Julio Salinas, su salto a Madrid tan sólo constituyó una escala rumbo a Barcelona, donde estaban esperándole importantes triunfos vestido de azulgrana. Sola, en su vuelta a casa, acreditó lo sabido de sobra: que no le faltaban ni voluntad ni disciplina, aun hallándose para pocos trotes.

Así deambulaba el fútbol durante los años 80: de tribunal en tribunal. Más que en despachos federativos, presidenciales o secretarías técnicas, se entretejía ante magistrados y juristas, mediante equívocos deliberados y regates dudosamente limpios. Alguien pudo haber inquirido a Martínez Retamero, tan refractario a la inmoralidad, si consideraba ético cobrar 131 millones de ptas. por un “no traspaso”, siendo muy consciente de que cuanto ingresara el Real Betis iba en detrimento de las fichas anuales a que legítimamente hubiera podido optar Gordillo. Se miraba mucho la paja en el ojo ajeno, sin prestar atención a la biga en el propio.

Iba a faltar mucha autocrítica y toneladas de argamasa, para que los clubes reforzasen su muralla defensiva ante cualquier previsible nueva incursión de la AFE. Lejos de atacar al sindicato, como años atrás, ahora la Liga Profesional tan sólo se defendía, profundamente desunida y con el ánimo hecho trizas.